Agua y Derechos Humanos

Hay por ahí una tonta reivindicación que, de no haber sido tomada en serio por ciertos países (entre ellos España), no merecería mayor discusión; se trata de la pretensión de hacer del agua un derecho humano. Gentes de buena voluntad se han adherido a esta reivindicación, con la sana intención de que nadie pase sed. El problema es que la buena voluntad no siempre va acompañada de la inteligencia (y si me apuran, de la imaginación) necesaria para anticiparse a las consecuencias de tan píos deseos. El agua sólo puede ser considerada como un derecho humano en un Estado totalitario, y si tal derecho es reclamado por una sociedad libre ése será su primer paso hacia el totalitarismo.

Sólo puede garantizarse el agua mediante un control estatal de la misma. El agua es un recurso limitado, de modo que, para que a nadie le falte, habrá que determinar cuál es la cantidad de agua a la que cada individuo tiene derecho. Sólo puede ser el Estado quien determine la cantidad de agua que necesitamos, por lo que, de momento, el destino de nuestras vidas ya no recaerá en nuestra capacidad para buscarnos el sustento, sino en la decisión de un funcionario.

Pero no pensemos mal, seguro que ese funcionario toma la decisión democráticamente basándose en todo tipo de informes médicos. Si es así, se dará cuenta de que no todos necesitamos la misma cantidad de agua. Un ciclista profesional, por ejemplo, que entrene todos los días necesitará más agua que un contable. Supongo que aquellos que necesitaran un aporte de agua mayor tendrían que solicitarlo al funcionario de turno motivando su solicitud, que sería aprobada o no. Así, controlando el agua, el Estado no sólo tendrá control sobre nuestras vidas, sino sobre nuestras actividades. Tal vez me denieguen un extra de agua para hacer un poco de jogging, considerando que dicha actividad no compensa el perjuicio sufrido por la humanidad por mi consumo extraordinario de agua. Otra cosa es que yo pertenezca a alguna asociación estatal de deportistas que compense ese gasto social de alguna manera. La cuestión es que cada vez que necesitáramos más agua, habría que justificarlo con un certificado médico, una nómina, un carnet o algún documento oficial.

Por supuesto, a nadie se le escapa que si el agua fuera un derecho humano, no podría ser considerada una mercancía más, sujeta a las leyes del mercado. El análisis del agua, su tratamiento, el embotellado, la distribución… no podrían ser ejercidas por empresas privadas en régimen de libre competencia, sino que el Estado tendría que hacerse cargo. Bueno, esto se asume con facilidad; pero si el agua fuera un derecho humano, ¿sólo quedaría bajo control estatal la actividad empresarial relacionada con el agua? En realidad no. Más bien el Estado, de un modo u otro, tendría control sobre todas las empresas y, por supuesto, su capacidad para interferir en el mercado sería prácticamente ilimitada. Las empresas necesitan agua para la fabricación de productos, para el mantenimiento de instalaciones, para el sustento de los empleados, etc. Esto significa que toda actividad empresarial estará sometida al estado, que, controlando la asignación del agua, decidirá sobre la viabilidad de las empresas y podrá determinar el precio final del producto, interviniendo en el mercado más de lo que ningún país libre consideraría razonable.

Dado que la asignación de agua dependerá del Estado, siempre habrá quien no esté conforme con los criterios de distribución. Supongo que el disidente será acusado de no respetar los derechos humanos… si es que hay disidentes, pues si la gestión estatal del agua se legitima mediante los derechos humanos, será fácil coordinar un sistema de propaganda –que incluirá la educación- que haga creer a los ciudadanos que por fin el agua está en poder del pueblo y no de despiadadas empresas que sólo buscan el vil metal. De hecho ya puedo imaginar a más de un ‘edukador para la ziudadanía’ concienciando a sus pupilos sobre la necesidad de que el agua sea un derecho humano.

En conclusión, el agua no es un derecho humano porque de serlo, los derechos humanos mismos quedarían aniquilados bajo el poder de un Estado que controlaría nuestra salud, nuestra alimentación, nuestro ocio, nuestras actividades empresariales, nuestros intercambios comerciales, etc. Y esto no es sólo una sospecha. No es casualidad que uno de los países que ha propuesto la medida sea Venezuela, y que en su propuesta no oculte la necesidad de que sea el Estado (a veces dicen el pueblo, a través de sus representantes), quien se haga cargo del agua. Apoyan la tesis del agua como derecho humano países como Cuba o Chad, que no se caracterizan precisamente por su Estado de derecho. El Estado que asuma la gestión del agua, será un Estado totalitario en el que hay que dar explicaciones cada vez que se tira de la cadena. Lástima que España parece estar en esa línea.